Inspectores de Hacienda ven «inconstitucional» la reforma fiscal de Cataluña
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha advertido que la propuesta de financiación singular para Cataluña, que implicaría la cesión del 100% de impuestos, sería inconstitucional. Según los inspectores, esta medida supondría la “ruptura” de la Agencia Tributaria, aumentaría el fraude fiscal y afectaría negativamente a los servicios al ciudadano.
El Gobierno catalán planteó la semana pasada una propuesta de financiación singular para Cataluña, que incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos pagados en la comunidad autónoma, con un mecanismo de solidaridad interterritorial. Sin embargo, los inspectores de Hacienda advierten que esta independencia fiscal para Cataluña no está contemplada ni en la Constitución, ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Por lo tanto, consideran que esta propuesta conculca los principios de igualdad de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha expresado su preocupación respecto a la propuesta de financiación singular para Cataluña, que contempla la cesión del 100% de los impuestos recaudados en la comunidad autónoma. Según los inspectores, esta medida podría tener consecuencias negativas:
- Ruptura de la Agencia Tributaria: La independencia fiscal para Cataluña podría afectar la estructura y funcionamiento de la Agencia Tributaria, generando diferencias significativas en la gestión de impuestos entre las distintas comunidades autónomas.
- Aumento del fraude fiscal: Al descentralizar la recaudación de impuestos, se podrían crear lagunas y dificultades en la supervisión y control, lo que podría favorecer prácticas fraudulentas.
- Deterioro de los servicios al ciudadano: La propuesta podría afectar la distribución de recursos y la prestación de servicios públicos esenciales. La solidaridad interterritorial podría verse comprometida, lo que podría afectar a la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
